La opinión de Miguel Juane sobre la intervención de la RFEF: medida excepcional ante situación excepcional
DEPORTES
Es difícil calibrar la dimensión del fútbol en nuestra sociedad. Tanta, que resulta complejo para cualquier autoridad, administrativa o judicial, encontrar mecanismos adecuados de supervisión y control de las entidades vinculadas al futbol profesional o de la selección. Y ello a pesar de tratarse de una Federación que, aunque de naturaleza jurídico privada, ejerce funciones públicas por delegación, algunas de ellas muy relevantes. La actual Ley del deporte únicamente prevé, entre las facultades del CSD, el nombramiento de un interventor que fiscalice los pagos de la Federación, pero el CSD ni siquiera ha mencionado ni ha previsto esta figura a la hora de tomar una decisión.
Un ejemplo muy gráfico, ya que fui parte activa en distintas administraciones judiciales nombradas por la Audiencia Nacional con la colaboración de la Agencia Tributaria, entre ellas, la designada en el Atlético de Madrid, en la temporada 1999/2000; además de otras contra empresas vinculadas a clanes del narcotráfico, ya desde 1995. En el primer caso, con la intervención directa de la Fiscalía Anticorrupción, y, en los segundos, con la de la Fiscalía Antidroga. Pues bien, en la del todopoderoso futbol, la medida duró solo cuatro meses porque un juez entendió que tenía que levantarla ya que no aguantaba la presión social; mientras que las segundas se prolongaron, en alguna ocasión, más de 20 años, con el reconocimiento de la sociedad por la labor acometida.
Ahora, en un nuevo pulso del ente federativo a las instituciones, con el amparo de organizaciones internacionales privadas como la FIFA o la UEFA. Estas interpretan cualquier actuación de un Estado como una injerencia inadmisible en su modelo de gestión, llegando a amenazar con la exclusión de las selecciones en competiciones internacionales. Y nos encontramos con que el CSD no se atreve a tomar una medida contundente y efectiva, y opta por una solución creativa, pero de difícil encaje jurídico, el nombramiento de esta novedosa comisión que tutelará el funcionamiento de la RFEF y a la que pretende dotar con un nivel jerárquico superior a la propia RFEF, pero sin funciones realmente ejecutivas. A su vez mantiene el órgano de gobierno preexistente, todo lo cual se antoja en la práctica un rompecabezas, al menos desde una vertiente legal.
Resulta rocambolesca la decisión del CSD, si bien cumple con el axioma de ser excepcional ante una situación excepcional. El poder del omnipotente fútbol vuelve a ganar. Ojalá que el deporte fútbol también lo haga, por el bien de todos los que lo amamos.