La nacionalización de empresas es una de las medidas de política económica que más llama la atención de la ciudadanía y con la que más favorablemente se muestra cuando se anuncia. Los partidarios de una medida así arguyen que a la empresa pública le preocupa la sociedad y, por lo tanto, gestiona los recursos mejor y de forma más eficiente y solidaria con la gente; la empresa privada, por el contrario, se limita a su propio beneficio, ofreciendo si es preciso el peor servicio posible y sin preocuparse por nada más.
Sin embargo, los resultados de las empresas públicas desmienten que estén gestionadas de modo eficiente. Las empresas participadas mayoritariamente por la SEPI, es decir, aquellas en las que la participación del Estado es superior al 51 % del capital y, por lo tanto, en las que lo público tiene influencia en su gobernanza, registraron pérdidas conjuntas de 198 millones de euros en el 2021 y de más de 300 millones en el año 2022. Teniendo en cuenta las subvenciones que han recibido, no parecen resultados propios de una gestión mínimamente eficiente. Alguien dirá que las empresas públicas no están para ganar dinero, pero para lo que no deberían estar es para perder dinero. Porque la factura acaba en el bolsillo de los ciudadanos.
A mi entender, el problema de fondo radica en la falacia del razonamiento para nacionalizar una empresa. Sostener que una empresa, por el hecho de ser pública, gestionará mejor los recursos y prestará un mejor servicio que si es privada es un argumento poco convincente. Y lo es desde el momento en que la fuente de ingresos de una empresa pública no proviene de que los usuarios elijan el producto que fabrica o elijan el de otra u otras empresas de la competencia, sino que proviene directamente de los impuestos de cada ciudadano. Y si una empresa no quiebra por cuantiosas que sean sus pérdidas, será una empresa fallida en la que sus trabajadores, viendo que sus empleos no peligran, carecerán de incentivos para mejorarla. En cambio, si una empresa privada no ofrece el mejor servicio posible, lo más probable es que acabe desapareciendo y deje paso a otra u otras que sí lo ofrecen. Y con ella se esfumarán los puestos de trabajo de su plantilla. Ergo, el asunto de los incentivos sí cuenta en este caso.
Es así como las empresas privadas tienen más incentivos que las públicas para gestionar mejor sus recursos, al tener que responder ellas mismas de las consecuencias de su gestión ineficiente, mientras que de la mala gestión y el mal uso de los recursos que puedan hacer las empresas públicas se hacen cargo los contribuyentes. Pues bien, que los gestores de las empresas públicas sean conscientes de que los costes derivados de sus acciones los soportará un tercero (la sociedad) refleja un problema de riesgo moral. Un problema que, sin duda, está a la orden del día. Algo de lo que los defensores de la nacionalización o creación de empresas públicas deberían tomar nota.