El PP pretende que el PSdeG se retrate recordándole en el Parlamento la promesa electoral de Besteiro para eliminar los peajes. Pero la Xunta gestiona también dos autopistas de pago
09 may 2024 . Actualizado a las 05:00 h.«Se o segue mantendo en pé, imos os tres a Madrid para dicir que a AP-9 ten que ser gratuíta xa». En pleno debate de investidura, Alfonso Rueda le recordó al líder socialista José Ramón Gómez Besteiro su promesa electoral de una autopista del Atlántico gratuita, como quien recuerda a alguien recién levantado lo que hizo en una noche de juerga. «Supoño que o compromiso seguirá en pé aínda que non sexa presidente», remató el líder del PPdeG. Besteiro, sabedor de que su promesa electoral podía convertirse en un bumerán tras la derrota del 18F, contestó que él estaba dispuesto a acompañarlo, «pero o que non pode pretender é que eu lle faga de presidente da Xunta».
En varias ventanas parlamentarias en los últimos años, la transferencia de la AP-9 se convirtió en uno de los pocos asuntos de consenso que fraguaron el PPdeG, el BNG y el PSdeG. Pero esa voluntad de país siempre chocó con los distintos Gobiernos de turno, tanto con el de Mariano Rajoy como con el de Pedro Sánchez. Ante tal resistencia de Estado al traspaso, tal vez la gratuidad sea el escenario de un nuevo frente común en el que el PSdeG tiene todos los puntos para tener el papel más difícil de la obra, si es que alguna vez se abre el telón. Aquí, la resistencia puede ser aún más feroz, pues se juega con las cosas de comer y puede intervenir Hacienda, alegando que el coste del rescate —del que hubo varios cálculos en una horquilla entre 2.500 y 4.000 millones— es inasumible.
Pero hay un actor externo que también tiene algo que decir: la Comisión Europea y su expediente de infracción a España por la última prórroga autorizada por el Gobierno de Aznar hasta el 2048, en la que reprocha al Reino de España que tan sustancioso negocio no se adjudicara mediante un concurso público. Aquí se abre otra vía hacia la gratuidad quizás más consistente que la que pueda deparar la política interna.
Fantasmas del pasado
En los asuntos de la AP-9, tanto el PP como el PSOE tienen fantasmas del pasado. Para el BNG es más fácil. Nunca tuvo responsabilidades de gestión y, como mucho, solo sufrió un tránsito de la navallada na terra a ser el adalid de los descuentos en la autopista de la mano de los pactos de investidura, aunque el último dependa de una incierta aprobación de los presupuestos estatales. Y el bumerán que puede golpear de vuelta al PSOE también puede darle al PP. La semana pasada, el Grupo Popular iniciaba la maquinaria para colocar en la conversación pública la incómoda gratuidad de la AP-9 (también de la AP-53), registrando dos proposiciones no de ley en el Parlamento gallego. Lo hizo a raíz de la decisión del Parlamento de Portugal de modular los peajes de las autovías que nacieron gratuitas, pese a que en ese acuerdo, liderado por los socialistas lusos, las concesiones de las autopistas de pago no se tocan.
Está claro que buscan que el PSdeG se retrate en el pleno del próximo martes. Ver si se atreve a caminar por ese sendero incierto que puede conducir a una nueva frustración. Y lo hacen sabiendo que la Xunta gestiona dos autopistas de peaje: A Coruña-Carballo (AG-55) y Val Miñor (AG-57). Aunque congeló las tarifas en los últimos años, siguen manteniendo unos peajes igual de impopulares. El dudoso filón político de la gratuidad de la AP-9 puede convertirse también en un bumerán para el Gobierno de Rueda, pues se exigiría de inmediato que la Xunta hiciera lo mismo con sus autopistas. Aquí, las dudas sobre el equilibrio económico también se pondrían sobre la mesa. Las arcas autonómicas no están para grandes alardes, sobre todo teniendo en cuenta que cada año se abonan más de 60 millones de euros en peajes en la sombra por las autovías autonómicas.
Al PP estatal también le puede rozar el bumerán. Como partido de Estado, seguro que pensará que en algún momento tendrá que gestionar lo que pueda llegar a acordarse ahora.