Teresa Casal prevé que el aparcamiento público de Veteris pueda estar funcionando antes del verano

El gobierno local de Pontevedra aprobó ayer el expediente que concluirá con la concesión directa a la empresa Veteris SL del aparcamiento subterráneo bajo la calle Antón Fraguas. La teniente de alcalde delegada de Urbanismo, Teresa Casal, señaló que solventando este trámite, el pliego de condiciones será remitido a la empresa y a continuación se someterá a exposición pública por un plazo de un mes, con notificaciones expresas tanto a los propietarios de viviendas en la urbanización Veteris como a la empresa Tejimar, que planteó un recurso contra la concesión del aparcamiento bajo suelo público. A la vista de los trámites que restan, Casal aventuró que el estacionamiento subterráneo podría entrar en funcionamiento antes del próximo verano.

La concesión a Veteris será, en cualquier caso, provisional a la espera de que se resuelvan los dos recursos planteados ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Concello y promotora llegaron a un acuerdo para fijar en 3.108.005 euros el coste de la ejecución material del estacionamiento, que ocupa una superficie de 6.550 metros cuadrados y ofertará 443 plazas.

En el caso de que en el futuro las sentencias judiciales obligaran a la adjudicación de la concesión por concurso público, el Concello lo convocaría estableciendo un precio equivalente al coste de la indemnización pactada con Veteris y la empresa que, podría concurrir al concurso.

El canon anual de la concesión ha quedado fijado en 24.832 euros. En el pliego aprobado ayer ya se fija un cuadro de precios -sin IVA- que prevé la venta de plazas por 75 años por 24.500 euros más una cuota mensual de 22,5; el abono mensual se fija en 73,28 euros la jornada completa, 51,72 el diurno, y 34,48 el nocturno. En cuanto a la tarifa de aparcamiento rotatorio, se fija en 0,95 euros la hora.

La modificación del convenio con Veteris que permitirá la concesión directa fue cuestionada en su día por el grupo municipal del PP, que apostó por que el Concello asumiese directamente la gestión del estacionamiento subterráneo. En un pleno en el que finalmente la oposición se abstuvo, el PP llegó a poner en duda la legalidad de la solución propuesta por el gobierno.