La Justicia exime al Concello de Ourense de pagar por cerrar Sugasa

La reclamación que la empresa Sugasa presentó al Concello de Ourense, por los supuestos daños y perjuicios sufridos como consecuencia del precinto y cierre de sus instalaciones entre los años 2001 y 2002, en plena crisis del mal de las vacas locas , se ha desvanecido de una manera definitiva. Pesaba sobre el Concello de Ourense una reclamación de 1,57 millones de euros, que el Tribunal Superior de Galicia había limitado en octubre del 2008 a poco más de 36.000 euros. El Tribunal Supremo, al que había recurrido en casación la empresa para insistir en su petición económica, acaba de declarar la inadmisión, sin entrar en el fondo del asunto, toda vez que con la última reforma de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, no es técnicamente posible el recurso de casación al Supremo.

La resolución del Supremo, de la cual dieron ayer cuenta los servicios jurídicos del Concello a la junta de gobierno local, permite poner fin a un asunto que se ha mantenido judicialmente activo por unas decisiones del verano del 2001. La reclamación arranca de la determinación del gobierno local, entonces presidido por el popular Manuel Cabezas, para precintar las instalaciones y clausurar la actividad de la empresa, en la carretera de Castro de Beiro, a causa de las molestias que ocasionaba a los vecinos de la zona.

Las quejas, una vez que la empresa pudo reanudar su actividad, no han dejado de producirse. En el año 2008 reanudaron los vecinos de la parroquia de San Miguel de Canedo las movilizaciones por los malos olores y supuestos vertidos desde las instalaciones de esta firma. En abril del pasado año, de hecho, formularon una querella contra la empresa, en la que denuncian la supuesta permisividad e inactividad del Concello y de la Xunta.

El gobierno municipal, por su parte, ha eludido cualquier responsabilidad en el conflicto, sin dejar de resaltar que había trasladado todas las quejas a las consellerías de Sanidade e Medio Ambiente, al entender que es la Xunta la que tiene las competencias en este asunto.