La justicia y la prudencia
OPINIÓN
La prudencia y la justicia son dos de las cuatro virtudes cardinales enunciadas por Platón para alcanzar la perfección moral. Y es bueno que vayan de la mano; cuando la justicia (la administración de la justicia quiero decir ahora) actúa con manifiesta imprudencia se desvía de ambas virtudes a la vez. Hemos conocido en los últimos tiempos varios ejemplos muy evidentes de una justicia imprudente, aunque hay, por desgracia, muchos más.
En Portugal, la Fiscalía, que allí hace las veces de nuestros juzgados de instrucción, de forma gravemente imprudente, confundiendo la identidad de personas en grabaciones y otras lindezas, con detenciones y registros de por medio, atribuyó al presidente del Gobierno y a su entorno la comisión de supuestos delitos de tráfico de influencias que luego se quedaron en agua de borrajas porque el juez de garantías desestimó esas acusaciones y reprendió a la Fiscalía por su ligereza y su falta de rigor. Pero, por el camino, el primer ministro Costa, que gobernaba con mayoría absoluta, dimitió, el presidente portugués decidió convocar elecciones —tampoco simpatizaba con Costa— y... cambio de Gobierno; eso sí, sin querer, por imprudencia, por imprudencia de la Fiscalía, ciertamente.
La exvicepresidenta del Gobierno de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, estuvo casi un par de años investigada por un delito tan grave y reprobable como haber amparado unos abusos sexuales a un menor en un establecimiento bajo la competencia de su consejería. El juzgado de instrucción se dio prisa en aceptar a trámite una querella, e imputarla a ella y de paso a 15 trabajadores de su departamento. Detrás de la querella estaban un abogado vinculado al grupo España 2000 y a la asociación Gobierna-te. La extrema derecha pura y dura. En el reciente auto de archivo de la causa, el juez dice que no ve el más mínimo indicio de delito después de practicar múltiples diligencias. Pero, ¿había visto algún mínimo indicio delictivo cuando admitió la querella y ese indicio se esfumó, o no había existido nunca? ¿Debió el instructor valenciano ser más prudente, siendo conocedor de los espurios intereses políticos detrás del acoso a la señora Oltra? Pues quizá sí, ¿verdad?
Un juez de instrucción de Madrid ha abierto diligencias penales, a instancias de Manos Limpias (pseudosindicato de extrema derecha) por un supuesto delito de tráfico de influencias (¿recuerdan Portugal?) a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. Bien. Seguro que tiene sólidos indicios más allá de algunos titulares fotocopiados de cierta prensa. Habrá dado traslado de la denuncia a la Fiscalía, el órgano público acusador y que vela por la legalidad, antes de dar ese paso. Pues al parecer no, ni lo uno ni lo otro. Nada sólido más allá de unas fotocopias de periódico (alguna con información contrastadamente falsa, confundiendo a la mujer del presidente con otra persona de igual nombre, ¿recuerdan Portugal?) y nada de consultar al ministerio público.
No parece un actuar muy prudente que digamos, ¿verdad?
Hay varios elementos comunes en estos casos: acoso judicial a responsables políticos en el Gobierno y cambio político (real o posible) más o menos influido o derivado de esa posiblemente imprudente interferencia judicial.
En España se añade otro elemento: impulso de las actuaciones judiciales por parte de organizaciones de extrema derecha con un largo historial de denuncias y querellas contra políticos en el Gobierno, la inmensa mayoría de ellas fallidas. ¿No debería ello bastar para que los juzgados de instrucción extremaran la prudencia? No digo yo que deban archivar sin más trámite, Dios me libre; pero no son los investigados narcos que vayan a fugarse, ni asesinos reincidentes. Nada se puede esperar de esos denunciantes o querellantes que buscan instrumentalizar el sistema judicial para desacreditar a rivales políticos. Pero de la justicia sí debe esperarse un actuar prudente; quizá, por ejemplo, aguardar a ver si ganan relevancia jurídica los hechos, exigir un mínimo rigor jurídico, consultar a la fiscalía. Vamos, no ser (tan) imprudentes.
En España existe, por parte de los juzgados de instrucción —no todos, claro— una difícilmente comprensible y aún menos justificable, porque se desvía de los criterios del Tribunal Supremo, tendencia a admitir a trámite denuncias y querellas de todo quisque, incluidos justicieros particulares que en abuso de la acción popular buscan intereses manifiestamente espurios. Y ya son demasiados casos.
También en este ámbito (el del cómo y cuándo ha de ponerse formalmente en marcha) la justicia debe actuar con prudencia, so pena de no merecer ese nombre.