El Supremo debate si Trump tiene inmunidad presidencial en el caso del asalto al Capitolio
INTERNACIONAL
Según la defensa, el magnate no podría ser juzgado ni siquiera si hubiese ordenado el asesinato de un rival político
25 abr 2024 . Actualizado a las 22:48 h.¿Son los presidentes de EE.UU. inmunes ante una acusación criminal? Según los abogados de Donald Trump, así debería ser, y eso es lo que argumentaban el jueves ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. A raíz de una petición de la defensa del candidato, el máximo tribunal está llamado en los próximos meses a pronunciarse sobre los límites de la inmunidad presidencial en el caso del asalto al Capitolio. El proceso, reconocían los jueces, podría tener implicaciones de calado para el futuro del país.
«Un presidente debería tener inmunidad», decía el propio Trump desde Manhattan, donde estaba obligado a acudir al juzgado por el caso Stormy, cuya sesión del jueves le impidió estar presente ante el Supremo. Una inmunidad que, según decía su defensa, lo protegería incluso en caso de ordenar el asesinato de un rival o de iniciar un golpe de Estado. Y una inmunidad que ampararía a los presidentes de enjuiciamiento penal, dejándolos sujetos en exclusiva al control del Congreso.
Frente al razonamiento de la defensa, el Departamento de Justicia, representado por el abogado Michael Dreeben, consideraba que la inmunidad presidencial, tal y como está planteada actualmente en EE.UU., funciona «bastante bien». Según Dreeben, la Corte debería abstenerse de tomar una decisión radical «sobre una inmunidad que ningún presidente ha tenido o ha necesitado» hasta la llegada de Trump a la Casa Blanca.
En la vista, que se prolongó durante casi tres horas, los magistrados reconocieron que estaban ante una cuestión de calado que, en palabras del juez Brett Kavanaugh, podría tener «enormes implicaciones» para el futuro de EE.UU. Implicaciones que, según la defensa, podrían llevar a la persecución judicial de futuros presidentes del país.
Se espera que la decisión del Supremo llegue en algún momento entre finales de junio y principios de julio. Una fecha que los magistrados podrían adelantar dada la relevancia de la cuestión ante las elecciones de noviembre, pero que, en cualquier caso, reduce considerablemente las posibilidades de que el magnate sea juzgado antes de los comicios por sus intentos de revertir las últimas elecciones.