Plantea la cuestión a la Junta de Fiscales de Sala porque pretende practicar diligencias antes de tomar una decisión sobre la denuncia por la filtración de datos de la pareja de la presidenta madrileña
22 abr 2024 . Actualizado a las 18:19 h.La fiscala María de la O Silva no está de acuerdo con la orden de la número 2 del ministerio público, María Ángeles Sánchez Conde, de rechazar la querella por la filtración de datos del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y ha pedido que se pronuncie la Junta de Fiscales de Sala.
María Ángeles Sánchez Conde pidió a los fiscales de Madrid que rechacen las dos querellas al no ver delito e invocar el principio jerárquico de unidad de actuación.
La pareja de Ayuso, Alberto González, presentó una querella por presunta revelación de secretos contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, mientras que el Colegio de la Abogacía (ICAM) madrileña presentó otra querella pero sin imputar los hechos a nadie en concreto.
Lo hicieron a cuenta de la polémica nota de prensa difundida por la Fiscalía de Madrid el pasado 14 de marzo, en la que se daban detalles sobre la investigación a Alberto González, por los presuntos delitos de defraudación tributaria y falsedad documental.
Fuentes fiscales informan a Efe de que la fiscala María de la O Silva, que es la que debe informar sobre la admisión o no de la querella presentada por la pareja de Ayuso, no está de acuerdo con la orden de la número 2 del ministerio público de rechazar la querella, cuando ella quería practicar diligencias antes de tomar una decisión.
La también teniente fiscal del Supremo se lo pidió verbalmente al invocar el principio jerárquico de unidad de actuación, que rige el ministerio fiscal, al dejar claro que no puede haber dos posturas contrarias en relación a dos casos idénticos ya que el fiscal que asumió la otra querella, la del ICAM, ya sentó criterio al sostener que no hay delito, tal y como piensa también Conde.
Por ello, al no estar de acuerdo, la fiscala de Madrid ha invocado el artículo 27 del Estatuto Fiscal que dice que «el fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo hará saber así, mediante informe razonado, a su fiscal jefe».
«De proceder la orden o instrucción de este, si no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de Fiscalía y, una vez que esta se manifieste, resolverá definitivamente reconsiderándola o ratificándola».
Y «de proceder de un superior, elevará informe a este, el cual, de no admitir las razones alegadas, resolverá de igual manera oyendo previamente a la Junta de Fiscalía. Si la orden fuere dada por el Fiscal General del Estado, éste resolverá oyendo a la Junta de Fiscales de Sala».
Al haberse abstenido en esta causa el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, corresponderá a su número 2 María Ángeles Sánchez Conde, presidir la Junta, que se celebrará este miércoles.