Bruselas detecta riesgos «altos» para la estabilidad de la deuda española a medio plazo

C. P. REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

D. Vetsikas

Advierte también de que el gasto está aumentando más rápido de lo planeado y pide más esfuerzos fiscales en el 2024

21 dic 2023 . Actualizado a las 14:25 h.

La deuda pública española cerró el tercer trimestre del año en el 109,9% del producto interior bruto (PIB). Eso implica que tendría que dedicar toda la riqueza que produce en un año para devolverla. Para conseguirlo -al menos situarla en el objetivo del 60% que establece el Pacto de Estabilidad- el Gobierno deberá hacer un equilibrio entre ingresos y gastos. O aumenta el dinero que entra en las arcas públicas -vía impuestos, cotizaciones y crecimiento económico-, o reduce la financiación de servicios públicos y prestaciones. 

En sus planes, el Ejecutivo español ha fiado la cuadratura del círculo a un ambicioso crecimiento económico a lo largo de esta década y una prolongación de la vida laboral de los trabajadores en activo. Pero la Comisión Europea no lo tiene tan claro. Tanto es así, que en su vigésimo informe de vigilancia posprograma anticipa que la deuda pública volverá al umbral del 109,8% en el año 2034. De hecho, advierte de que los riesgos para su estabilidad a medio plazo son «altos». 

El punto de inflexión llegará en el 2026, cuando se revertirá su descenso debido a las crecientes necesidades de financiación que tendrá el país -excediendo el 20% del PIB en el 2034- para prestar servicios y garantizar prestaciones y hacer frente a los vencimientos de su deuda -al alza con la subida de los tipos de interés-. 

Gasto público acelerado

Otra de las señales de alarma que incluye el informe tiene que ver con el ritmo al que está creciendo el el gasto público corriente: «Está aumentando más rápido de lo planeado al tiempo que las inversiones financiadas por el Estado están cayendo (lo han hecho durante los primeros siete meses del año)», subraya. Es decir, que está gastando más en financiar compromisos adquiridos que inversiones productivas, que sufraga con las ayudas europeas. 

¿Por dónde se va ese dinero? Bruselas tiene claro que es el gasto en pensiones y salarios públicos, además de la prórroga de las ayudas energéticas (con un coste estimado de 2.700 millones de euros) lo que está impactando más. 

Y, a pesar de que la retirada del escudo anticrisis permitirá ajustar el déficit en el 2024, Bruselas insiste en que seguirá por encima del objetivo del 3%, en contra de lo proyectado por el Gobierno. Es más, advierte de que, aunque las ayudas europeas del Next Generation EU contribuirán a la sostenibilidad fiscal de España, «se necesitan esfuerzos de consolidación adicionales para alcanzar una posición presupuestaria saneada».

La llamada de atención se produce una semana después de que el Gobierno anunciara un techo de gasto récord en el 2024: 199.120 millones de euros. El que corresponde al Estado (excluye las ayudas europeas) se elevará un 9,3 %, lejos del 2,6 % que le fijó Bruselas para el año en el que se reactivarán las reglas fiscales —congeladas desde el estallido de la pandemia—. Aunque la UE ha pactado esta misma semana unas nuevas, el Consejo todavía tiene que negociarlas con el Parlamento Europeo.