El procedimiento para revocar el permiso para vaciar las galerías sigue su curso
05 mar 2024 . Actualizado a las 10:31 h.Hace un año la Xunta anunciaba que había autorizado el vertido al río Pesqueiras de aguas residuales depuradas procedentes del vaciado de las galerías de la mina de San Finx. La reacción social no se hizo esperar y de forma inmediata comenzó una gran movilización encabezada por las cofradías de la ría de Muros-Noia, que veían en el permiso concedido a la empresa minera una seria amenaza para el futuro de los recursos pesqueros y marisqueros, y por colectivos ecologistas. En estos meses hubo concentraciones multitudinarias, actos de protesta simbólicos y cruces de denuncias en los juzgados, todo para volver al punto de partida.
La autorización
Condicionada. El 1 de febrero, el ente autonómico Augas de Galicia daba a conocer la autorización de vertido, supeditada al cumplimiento de 18 condicionantes que debían garantizar el correcto tratamiento de las aguas y el cumplimiento de la normativa medioambiental. Para ello no solo se exigían una serie de instalaciones adecuadas para asegurar que se cumpliesen los parámetros de calidad en el vertido que deberían ejecutarse en el plazo de cuatro meses, sino también un seguimiento y control del medio receptor.
La polémica
Reacción inmediata. El mismo día que se hizo oficial la autorización de vertido de la mina de San Finx, surgieron las primeras voces contrarias al permiso. Ecoloxistas en Acción anunció las primeras acciones legales contra la Administración por este asunto. Pronto se unieron a las quejas contra los vertidos las cofradías y los partidos políticos. La polémica llegó al Parlamento, al Concello de Noia, que presentó un recurso de alzada contra la decisión de Augas, y hasta a la ONU.
Protestas
Convocatoria multitudinaria. De forma paralela a la movilización en los despachos y los juzgados, comenzó la contestación social contra el permiso de vertido de la mina, que culminó con la primera gran protesta en Noia. Miles de personas se concentraron en la Alameda el 4 de marzo para gritar consignas como «a mina contamina» o «a ría é nosa». Había cientos de trabajadores vinculados al sector del mar, pero también vecinos de a pie y, de hecho, aquella fría y soleada mañana la mayoría de los comercios y establecimientos hosteleros de la villa bajaron la verja para sumarse a la protesta.
Expediente
Labor de control. Desde el primer momento, la Xunta defendió la autorización concedida destacando que estarían vigilantes para que la empresa cumpliese todas y cada una de las condiciones exigidas para el vertido. No ha sido así, y fruto de ese control acabó por abrirse un expediente sancionador a los titulares de la mina. Los análisis realizados detectaron niveles elevadísimos de cadmio, cobre y zinc en las aguas vertidas, lo que derivó en una sanción de 180.000 euros. Por otro lado, las instalaciones de tratamiento siguen sin ejecutarse, un incumplimiento flagrante de las condiciones del permiso de vertido que ha derivado en el inicio del procedimiento para revocarlo.
Cruce de denuncias
En los juzgados. En estos meses se produjo un cruce de denuncias y se siguen diferentes procedimientos relacionados con la mina de San Finx. Ayer mismo prestó declaración en el juzgado de Noia una abogada en representación de Tungsten San Finx para responder por un posible delito contra el medio ambiente. Aprovechando la citación, colectivos del mar, ecologistas y sociales se concentraron frente a la sede judicial para reiterar su oposición a los vertidos y exigir a la Administración medidas inmediatas para solucionar el problema. El siguiente paso, esperan, será la apertura de juicio oral. Además, en Santiago hay media decena de contenciosos en marcha contra la autorización de vertido, además de un procedimiento penal por la misma causa contra los responsables de Augas de Galicia. Por otra parte, hoy mismo se celebrará la vista por un procedimiento iniciado por una denuncia de la Cámara Mineira contra seis miembros del colectivo Ecoloxistas en Acción.
La actualidad
En trámite. A la espera de que se resuelvan los procesos judiciales, el expediente para revocar la autorización de vertido sigue su curso «cumprindo escrupulosamente todos e cada un dos trámites establecidos pola lei».